Satisfacción moderada ante
la eliminación de las tasas judiciales
La abogacía celebra que el Gobierno haya aprobado
un Real Decreto-Ley para que las personas físicas queden exentas del pago de
las tasas pero lamenta que éstas se mantengan para las Pymes
El Consejo de Ministros aprobó,
el pasado 27 de febrero, un Real Decreto-Ley para la modificación de las tasas
judiciales por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de las
mismas en todos los órdenes e instancias.
La supresión se incluye en el
Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden
social. Según el Ejecutivo, “se continúa así trabajando para que la Justicia
esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva”.
Ante ello, el Consejo General de
la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción pero asegura que ésta es
“parcial” porque no extiende la derogación de las tasas también a las pymes,
“lo que repararía plenamente la injusticia y contribuiría a impulsar el
crecimiento económico y la creación de empleo”.
A pesar de ello el CGAE considera
que con la aprobación de esta norma “se pone fin a la agonía de miles de
ciudadanos que –hasta hoy mismo- han visto limitado su derecho de acceso a la
Justicia durante más de dos años, sin que, además, el dinero recaudado, en
contra de lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el
servicio público de la Justicia Gratuita”.
La abogacía también celebra que
se haya aprobado una Ley de Segunda Oportunidad
Por otra parte, la Abogacía
Catalana ha celebrado que el Gobierno haya aprobado finalmente una ley de
segunda oportunidad dirigida a los autónomos, pero también a familias que han
sido víctimas de la crisis.
Con esta nueva ley, la Abogacía
confía en que se solucione la situación en que se encuentran las personas
víctimas de la crisis en España. “Cuando una familia acumulaba una deuda
hipotecaria, no sólo podía terminar siendo desahuciada sino que, a menudo, la
deuda la perseguía y le impedía rehacer su vida. Por eso la Abogacía Catalana
hacía años que reclamaba una Ley de Segunda Oportunidad o de
sobreendeudamiento, que regulara la dación en pago de la vivienda y permitiera
empezar de nuevo a las familias que sufren las consecuencias de la crisis, como
ya existe en otros países”, asegura.
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